MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte aumenta, a través del anteproyecto de la Ley de Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), su capacidad de decisión sobre los contenidos comunes de las asignaturas. De esta forma, la eleva al 65 por ciento en las comunidades con lengua cooficial y al 75 por ciento en el resto de autonomías, es decir, diez puntos respectivamente.
"Se trata de reducir una dispersión de los contenidos educativos que ya era inmanejable y que explica por qué tanto incremento de recursos para educación ha generado resultados tan modestos", ha aseverado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado los principales ejes de este texto normativo. Asimismo, ha negado que se trate de una "recentralización" de las competencias autonómicas, sino que éstas permanecen "intactas" en el anteproyecto.
Wert ha concretado que esta "clarificación" competencial consiste en "residenciar" en el Estado la legislación básica educativa, el establecimiento de las competencias básicas, de los criterios de evaluación y de los contenidos en una proporción del 65 por ciento en las comunidades que dispongan de lengua cooficial y del 75 por ciento en las que no la tienen.
A las comunidades autónomas le corresponde, según ha indicado, la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos que no esté atribuida al Estado; a los centros, el establecimiento de la metodología pedagógica y la concreción de los contenidos educativos.
Según Wert, las "divergencias" educativas entre autonomías es algo que también "preocupa" a la Unión Europea. Por ello, ha insistido en la necesidad de aumentar la proporción que define el Estado sobre los contenidos y establecer un sistema de evaluaciones "homogéneo", si no, ha dicho, "no se puede conocer la realidad del sistema educativo". "Es una competitividad sana; nuestra responsabilidad pasa por la necesidad de garantizar un mínimo en todas las comunidades autónomas", ha defendido.
El ministro, ha indicado que la reducción de esta "dispersión" se orienta hacia el "refuerzo" de las asignaturas instrumentales, como son la Lengua, las Matemáticas, el Inglés y las Ciencias, que, a su juicio, "suponen el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de seguir aprendiendo el resto de la vida". "Éste es un pilar importante de la reforma", ha apostillado.
300 MILLONES DE EUROS
Wert, ha detallado los ejes de la nueva reforma educativa, que ha definido como "eminentemente práctica, sensata, gradual y, desde luego, en modo alguno, ideológica". Si bien reconocido que desde el Gobierno son "conscientes" de que esta ley llega en un "contexto difícil", porque se "detiene" el incremento de los recursos y se pide la "mayor eficiencia" a todos los actores del sistema educativo, también ha señalado que "tiene necesariamente que producir una mejora".
Preguntado por el coste de la reforma, el ministro ha diferenciado entre los costes de implementación, que, a su juicio, van a ser "nulos" --debido a la compactación de asignaturas, opciones en Bachillerato, entre otros-- y los de consolidación, que estima que alcancen los 300 millones de euros. "La ley exigirá más inversión cuanto más éxito tenga", ha afirmado, para añadir que persigue la canalización de un mayor número de alumnos hacia la FP, cuyo puesto es más caro que el de uno de Bachillerato.
EVALUACIONES ESTATALES
Entre las principales ejes de la reforma educativa se sitúan las evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad.
El anteproyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus propios métodos pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han superado un curso sobre función directiva.
Aumenta la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua, Inglés y Ciencias--; desaparece de Primaria la asignatura de Conocimiento del Medio, que se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencia Sociales, y se elimina también Educación para la Ciudadanía en esta etapa.
Además, el Gobierno adelanta a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato, a través de asignaturas optativas, mientras que estas dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO.
Se crea una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años; se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior.
"Se trata de reducir una dispersión de los contenidos educativos que ya era inmanejable y que explica por qué tanto incremento de recursos para educación ha generado resultados tan modestos", ha aseverado el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha explicado los principales ejes de este texto normativo. Asimismo, ha negado que se trate de una "recentralización" de las competencias autonómicas, sino que éstas permanecen "intactas" en el anteproyecto.
Wert ha concretado que esta "clarificación" competencial consiste en "residenciar" en el Estado la legislación básica educativa, el establecimiento de las competencias básicas, de los criterios de evaluación y de los contenidos en una proporción del 65 por ciento en las comunidades que dispongan de lengua cooficial y del 75 por ciento en las que no la tienen.
A las comunidades autónomas le corresponde, según ha indicado, la capacidad de establecer las directrices pedagógicas, la organización de la gestión educativa y la porción de contenidos que no esté atribuida al Estado; a los centros, el establecimiento de la metodología pedagógica y la concreción de los contenidos educativos.
Según Wert, las "divergencias" educativas entre autonomías es algo que también "preocupa" a la Unión Europea. Por ello, ha insistido en la necesidad de aumentar la proporción que define el Estado sobre los contenidos y establecer un sistema de evaluaciones "homogéneo", si no, ha dicho, "no se puede conocer la realidad del sistema educativo". "Es una competitividad sana; nuestra responsabilidad pasa por la necesidad de garantizar un mínimo en todas las comunidades autónomas", ha defendido.
El ministro, ha indicado que la reducción de esta "dispersión" se orienta hacia el "refuerzo" de las asignaturas instrumentales, como son la Lengua, las Matemáticas, el Inglés y las Ciencias, que, a su juicio, "suponen el cimiento sobre el que se edifica la capacidad de seguir aprendiendo el resto de la vida". "Éste es un pilar importante de la reforma", ha apostillado.
300 MILLONES DE EUROS
Wert, ha detallado los ejes de la nueva reforma educativa, que ha definido como "eminentemente práctica, sensata, gradual y, desde luego, en modo alguno, ideológica". Si bien reconocido que desde el Gobierno son "conscientes" de que esta ley llega en un "contexto difícil", porque se "detiene" el incremento de los recursos y se pide la "mayor eficiencia" a todos los actores del sistema educativo, también ha señalado que "tiene necesariamente que producir una mejora".
Preguntado por el coste de la reforma, el ministro ha diferenciado entre los costes de implementación, que, a su juicio, van a ser "nulos" --debido a la compactación de asignaturas, opciones en Bachillerato, entre otros-- y los de consolidación, que estima que alcancen los 300 millones de euros. "La ley exigirá más inversión cuanto más éxito tenga", ha afirmado, para añadir que persigue la canalización de un mayor número de alumnos hacia la FP, cuyo puesto es más caro que el de uno de Bachillerato.
EVALUACIONES ESTATALES
Entre las principales ejes de la reforma educativa se sitúan las evaluaciones a nivel estatal al final de Primaria, ESO y Bachillerato, además de una prueba en 3º de Primaria para la detección precoz de problemas de aprendizaje en los alumnos. Los exámenes de ESO y Bachillerato serán necesarias para obtener el título y, en concreto, el segundo sustituirá a la actual Selectividad.
El anteproyecto abre la puerta a las comunidades autónomas para otorgar conciertos a los colegios de educación diferenciada por sexos; da mayor autonomía a los centros para implantar sus propios métodos pedagógicos; y los directores requerirán un certificado que acredite que han superado un curso sobre función directiva.
Aumenta la carga lectiva en todas las etapas de las asignaturas instrumentales --Matemáticas, Lengua, Inglés y Ciencias--; desaparece de Primaria la asignatura de Conocimiento del Medio, que se desdobla en Ciencias Naturales y Ciencia Sociales, y se elimina también Educación para la Ciudadanía en esta etapa.
Además, el Gobierno adelanta a 3º de la ESO los itinerarios hacia la FP y el Bachillerato, a través de asignaturas optativas, mientras que estas dos vías estarán completamente diferenciadas en 4º de la ESO.
Se crea una Formación Profesional Básica, de dos años de duración, que será obligatoria y sustituirá a los Programas de Cualificación Profesional Inicial (PCPI), dirigidos a alumnos de 15 años; se introducen asignaturas en la FP de grado medio orientadas a sectores profesionales y se facilita el paso hacia la FP de grado superior.
